El Dr. Fernando McLoughlin, PAS, abogado, consultor en desarrollo de canales comerciales, y docente del Centro Federal de Capacitación de FAPASA, analiza el problema moral que subyace al fraude cometido a baja escala, por parte de asegurados individuales. No son las ‘mafias organizadas’ sino personas que no comprenden el valor del seguro.
El problema de los intentos de fraude valiéndose de los seguros no es un tema nuevo. Es más, si a alguien le gusta la historia del seguro en sus orígenes, existen casos de fraude que remiten cientos de años atrás en el mercado de Londres, ya en los inicios de la industria aseguradora como la conocemos hoy. Lo que sí, quizás, es novedoso la utilización de internet como herramienta para defraudar. Pero asegurar riesgos nunca fue un negocio fácil y la llegada de internet ha revolucionado el mundo, pero no ayudó mucho para disminuir los engaños. Todo lo contrario. Parece que el anonimato en las redes ayuda al defraudador.
Lamentablemente, y aún con el valioso esfuerzo de los responsables de siniestros, liquidadores e investigadores, parece que no es tan difícil intentar engañar a un asegurador.
Perseguir a las grandes organizaciones de defraudadores, como vemos con el caso “Truglio, Alfredo Daniel y otro s/Asociación ilícita” (IPP Nº 07-00-065939-18/00), que está actualmente en pleno proceso judicial en Lomas de Zamora en busca de una condena ejemplar para esta asociación ilícita, es un paso adelante significativo para que los delincuentes no encuentren en la industria aseguradora un terreno proclive para crecer y multiplicarse. Al menos, si no logra condenar a todos los delincuentes, que al menos les deje la duda a los nuevos defraudadores sobre la conveniencia, o no, de tratar de vivir de estos delitos.
Pero si bien estos grandes casos atrapan nuestra atención, debo reconocer que siempre me ha preocupado mucho el pequeño fraude. Esa conducta de los asegurados, o terceros, que técnicamente encuadran en el tipo penal de fraude, pero que en la percepción, quizás cada vez más generalizada, es sólo una “avivada” y si la aseguradora los descubre lo peor que les puede pasar es que no prospere su intento de fraude y que no le paguen el falso reclamo.
En términos de la industria, diríamos que desistió “voluntariamente del reclamo”, aunque en realidad seguramente fue “invitado” a desistir. Y si desistió, y ya no hay más reclamo, pareciese que se terminó el problema del intento de fraude. Pero, quizás, queda el peligroso mensaje para el hombre común que intentar un fraude contra la industria del seguro, no implica necesariamente, ni delito ni la cárcel. O, peor aún, que pareciese que hablar de estos delitos, o al menos su tentativa, no pareciese reprochable ni vergonzoso para su autor. Si no hay condena social, pues se impone el equivocado mito de que “todos lo hacen” y esto se convierte en un gran problema. Quizás esta equivocada creencia, junto con la falta de cultura aseguradora, sean unos de los grandes desafíos que enfrentamos en la actividad aseguradora respecto a la relación, presente y futura, con nuestros clientes.
Permítanme dar un pequeño ejemplo de lo que estamos comentando, que lo pude observar gracias a la magia de internet. Todo queda grabado para siempre en alguna plataforma. La historia es la siguiente: Un canal de televisión hace una nota en la que un panel de periodistas entrevista a un alto directivo de una aseguradora local y a un reconocido abogado penalista. Un interesante debate. En la parte inferior de la pantalla se lee cuál es el tema que los convoca: “Fraude automotor: La gente hace desaparecer su auto”. El directivo hace una interesante reflexión sobre el fraude de la que son víctimas las aseguradoras, refiere a la política de la empresa que lidera y explica la instrucción que le han dado a sus abogados ante la presencia de un caso sospechoso de fraude. El abogado que lo acompaña, por su parte, aporta una inteligente visión legal del tema y una explicación sobre el carácter delictivo del fraude y las consecuencias del mismo desde el punto de vista del derecho penal, aún cuando, aclara el abogado, “… algún frustrado defraudador ante la evidencia en su contra desiste voluntariamente del delito” después de haber hecho desaparecer su auto y presentado su reclamo ante la aseguradora. Interesante reflexión.
Pero lo llamativo de este reportaje es que, como una facilidad prevista en la plataforma de internet donde vi esta nota periodística, aquellos que lo vieron tenían la oportunidad de opinar sobre lo que se estaba debatiendo. Los comentarios, que imagino que nadie los censura por el tema del que se trata, resultan ser un interesante muestra de un problema que es más importante que el fraude mismo. Esto es que el hombre común, al menos los que vieron esta nota en internet, empiezan a percibir que la conducta indebida, y hasta delictiva, si es frecuente y ayuda a algún “vivo” a ganar plata sin esfuerzo, dejaría de ser reprochable. Es más preocupante aún de la lectura de estos comentarios, que pareciese que lo planteado lleva a ese “hombre común” a pensar que su honestidad en realidad lo perjudica privándolo de lo que otro, más “vivo”, en su lugar hubiese conseguido ilegalmente. Y esto es muy preocupante para todos los que trabajamos, en un rol u otro, en la industria aseguradora.
Pero lo interesante no termina sólo en las manifestaciones de los, casi, anónimos espectadores de este programa, sino también en el mensaje de dos de los periodistas del programa que manifestaron públicamente que conocían personas que habían cometido estos delitos de fraude contra alguna aseguradora al decir, literalmente, “…tengo un amigo y ni muerto doy el nombre” que habría tratado de “hacer pasar” un robo de una llanta pero que, al haber respondido correctamente el formulario de la aseguradora, le habrían hecho, según los dichos del periodista, “pisar el palito”, por lo que habría tenido que desistir de su reclamo. Lamentablemente, quedó la percepción que hablar de amigos que tratan de defraudar a una aseguradora no le parecía al comunicador un delito muy vergonzoso, o al menos, algunos de esos delitos de los que se trata que no se habla en público por temor al rechazo social.
Pero no solo este periodista se quedó en esta percepción. Si había duda sobre lo generalizada de esta situación de falta de temor al rechazo social, otra de las periodistas del panel lo interrumpió y aclaró, respecto a sus amistades, que “… todos los amigos, y conocidos, que he tenido y que lo hicieron…” estaban convencidos, según los dichos de la periodista, que el intento de defraudar, frustrado realmente por la investigación, y no por la voluntad de desistir, no implicaba más consecuencia que no lograr quedarse con lo obtenido si hubiese sido exitoso en su maniobra de fraude.
Aclaremos que esto se debe a lo normado por el artículo 43 de nuestro Código Penal, donde se dice que “el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito”. Pero debe analizarse muy bien la interpretación de la expresión “voluntariamente” cuando el intento de fraude se desiste, no por un verdadero acto de conciencia y honestidad antes de presentar el reclamo, sino ante la evidente situación en la que ha quedado por la prueba que se enseñan en su contra y la evidente imposibilidad de engañar a la aseguradora.
Lo interesante de este reportaje no está tanto en el análisis de la problemática situación en la que se encuentran las aseguradoras frente al fraude luego de terminada la pandemia de Covid-19, y el fin del aislamiento, ni tampoco la impecable descripción del tema legal por parte del prestigioso abogado entrevistado, sino la franqueza de los periodistas en cuanto a reconocer, sin temor al rechazo social, que ellos mismos conocen gente que ha cometido fraude, o que al menos, esta gente que ellos conocen lo han intentado y no lo lograron.
Pero, sin dudas, que la parte más interesante de este reportaje es que, al pie, había 34 comentarios de personas que vieron este reportaje y opinaron sobre este tema. Ninguno de ellos pareciese apoyar a la industria aseguradora. Salvo uno que cuestionó la interpretación del artículo 42 del Código Penal en cuanto a su impresión sobre cómo actúa vicio de la voluntad en el desistimiento a la que refiere el referido artículo, todas las demás personas, por la forma en que estaban redactadas, no era de personas que trabajan en la industria aseguradora ni personas versadas en derecho penal. Eran comentarios de gente común y corriente. Si bien estas opiniones no pueden analizarse como una encuesta, nos sirve de referencia de la percepción que tiene alguien que se interesó en ver este reportaje sobre fraudes en seguros, sin que el seguro pareciese que fuera parte de su trabajo, y a quien apoyaba.
«Asegurar riesgos nunca fue un negocio fácil y la llegada de internet ha revolucionado el mundo, pero no ayudó mucho para disminuir los engaños, todo lo contrario»
No había ni un solo comentario que se mostrase indignado por el daño que los defraudadores causan en la industria aseguradora con sus delitos. Tampoco pareciese que les preocupase el aumento de siniestralidad por causa de siniestros fraudulentos pero que la aseguradora, que tiene la carga de la prueba del fraude, no pudo rechazar por falta de pruebas suficientes como para llevar el caso a instancia judicial. Todos los comentarios, que no transcribo ninguno de ellos pues son confusos y muchos de ellos son injustamente agresivos con la actividad aseguradora, sólo refieren a su personal percepción respecto a una supuesta falta de voluntad y predisposición de las aseguradoras de pagar rápidamente los siniestros en vez de interpretar estas acciones como lucha contra el delito. La conclusión, leyendo estas opiniones, es que para ellos nada de lo planteado en el reportaje es un problema de delito sino una excusa para demorar el pago de los siniestros. Todos sabemos que esto no es verdad pero, preocupantemente, no había ni un solo opinante que lo desmintiera o al menos lo pusiera en duda.
Todos aquellos que trabajamos para la industria aseguradora, como aseguradores, intermediarios y como profesionales, coincidiremos en que la buena fe de la aseguradora se hace evidente ante la rápida liquidación y pago de los siniestros. Ninguna duda cabe de ello. La tecnología está permitiendo liquidar y pagar los siniestros en plazos cada vez más reducidos y en claro beneficio de asegurados, beneficiarios o terceros. Pero no perdamos de vista que los defraudadores se beneficiarían, aún más, si la industria aseguradora cada vez paga rápido y sin investigar los casos sospechosos. No nos engañemos. Muchos terceros, y aún asegurados, ofendidos por la demora, resultan ser defraudadores frustrados que terminan “desistiendo voluntariamente”.
A nadie le gusta ser agredido o difamado. Los defraudadores son expertos en hacer sentir a los Productores de Seguros, injustamente, que no son lo suficientemente diligentes en sus gestiones ante las aseguradoras, y a las aseguradoras que cualquier pedido de información adicional es una excusa para pagar tarde los siniestros. Es muy duro ser criticado y, más aún, ser criticado injustamente. Pero recordemos que ser difamado por una persona que pretende cometer un delito valiéndose de nuestra buena fe no debe ser algo que nos quite el sueño. No olvidemos que son delincuentes, quizás pequeños delincuentes, pero delincuentes al fin.
«Si no hay condena social ante un intento de fraude, se impone el equivocado mito de que “todos lo hacen”, y esta equivocada creencia, junto con la falta de cultura aseguradora, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra actividad»
Hay grandes organizaciones de delincuentes. Malvivientes capaces hasta de matar para defraudar a una aseguradora. Hay una larga historia de casos de fraudes que han llegado a condena y de personas que cumplen cadena perpetua por todos los delitos que cometieron sólo para obtener dinero ilegalmente de compañías de seguros de vida. Casos como el que he referido antes de “Truglio, Alfredo Daniel y otro s/Asociación ilícita”, que recomiendo seguir por lo interesante del caso, su magnitud y el importante rol que cumple la Superintendencia de Seguros como particular damnificada en defensa de la industria aseguradora, no es realmente muy novedoso en cuanto a la creatividad de los imputados para descubrir nuevas estrategias para defraudar a aseguradoras. Pero sí lo es en cuanto a la cantidad de imputados en la asociación ilícita, y a la cuantía de las defraudaciones, lo que lo convierte en un caso trascendente.
El gran desafío de todos en la industria aseguradora no es sólo impulsar la cultura aseguradora en cuanto a la necesidad de transferir los riesgos a las aseguradoras, sino también en hacer saber a los asegurados que el fraude a una aseguradora también lo perjudica en cuanto al aumento de primas o hasta a perder coberturas por la imposibilidad de seguir cubriendo el riesgo. No sería la primera vez que se debe excluir de cobertura un riesgo por la imposibilidad de poder controlar los reclamos fraudulentos o por la excesiva siniestralidad.
«Los defraudadores son expertos en hacer sentir a los PAS, injustamente, que no son lo suficientemente diligentes en sus gestiones ante las aseguradoras, y a las aseguradoras que cualquier pedido de información adicional es una excusa para pagar tarde los siniestros»
Luchar contra el fraude no es gratuito. Tiene un costo económico y comercial. Investigar delitos no es barato ni para las aseguradoras que impulsan las investigaciones, ni para las fuerzas de seguridad que deban investigar las denuncias de fraude, ni para el sistema de justicia que deberá juzgar a los imputados. Los recursos públicos son limitados y no pareciese que en el corto plazo se busque aumentar el gasto público. Desde el punto de vista comercial, los asegurados y terceros reclamantes honestos se enojan cuando son objeto de investigación. Se saben honestos y consideran que no merecen ese trato. Tienen razón. Pero hay que entender que el investigador trabaja para todos, cuidando el bolsillo del asegurado que es quien, al final del día, financia toda nuestra industria pagando las primas.
Decía el genial pensador Ortega y Gasset, en la introducción a la versión francesa de su obra “La Rebelión de las Masas” que “… la moneda falsa circula sostenida por la moneda sana. A la postre, el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad”. No olvidemos que no es fácil reconocer un defraudador con solo verlo. También que el defraudador cuenta con el beneficio de la duda de la aseguradora que, al no poder acceder a una prueba del fraude, deberá pagarlo. Como así también que el defraudador tiene a su favor el principio de inocencia por el cual, penalmente, debemos probar sin lugar a dudas, su culpabilidad para condenarlo.
Los defraudadores profesionales saben esto muy bien y buscan sacar el mayor provecho. Pero la industria no puede darse el lujo de fomentar la ingenuidad aun cuando, comercialmente, nadie quiere que se enoje el cliente. Pero es una lucha por la supervivencia. Si no se concientiza al “hombre común” sobre las consecuencias de pequeño fraude y se continúa duramente con la lucha contra el gran fraude, aun soportando el costo económico y comercial de las investigaciones que se requieren, el fraude podría crecer hasta un punto en que haga inviable la propia industria aseguradora.
Fuente: Asegurando Digital
